En cada período de elecciones presidenciales, se alborotan los partidos políticos cual congo de abejas para utilizar la miel y atraer al electorado. También, es el mejor período de una administración, para archivar programas y proyectos, particularmente sensibles y hasta dolorosos a corto plazo para el ciudadano, sin dirimir en su importancia y urgencia. Para algunos políticos, el período electoral está para ganar adeptos y no para enfrentar retos difíciles y de desagradable recepción entre los electores, y, much menos para hacerun compromiso honrado de servicio con la patria. El congo, alborotado entonces, produce ronchas y desfigura rostros.
El 15 de enero del año 2007, a dos años y cuatro meses de las elecciones presidenciales, los “Garantes”, convocados meses atrás por Martin Torrijos Espino, Presidente de la República, constituidos en “un equipo de apoyo presidencial”, entregamos al Sr. Presidente y a su equipo de trabajo, el documento “Hacia un Proyecto de Ley que Reglamente un Sistema Único de Atención de Salud”, conocido como la “Hoja de Ruta”. Se hicieron múltiples entrevistas abiertas a todos los interesados y muchas semanas de educación en asuntos de salud pública, seguridad social y modelos económicos. Exploramos, investigamos, estudiamos, hicimos análisis y aprendimos sobre tópicos puntuales y variados. Entre ellos, el financiamiento de las instituciones de salud pública y privada, la viglilancia y el seguimiento de los resultados, la prioridad de los fines públicos y los métodos de los medios privados aplicados a fines públicos, políticas del mercado y su moralidad en su aplicación a la atención de la salud pública, las experiencias de las economías socialistas y de los países con proyectos combinados en cuanto a las reformas sanitarias dirigidas a la mejoría y excelencia de la atención de seres humanos, la historia de la transformación social de la medicina norteamericana y la conveniencia de tributación selectiva de productos sujetos a impuestos especiales.
Con una Carta de Introducción, que alguno calificó de políticamente incorrecta, señalábamos que “los asuntos esenciales y referentes para lograr una reforma sustancial del sistema sanitario de salud en los aspectos de su provisión, su calidad y su seguridad” deben hacer énfasis en: (1) delegar la función sanitaria en otro organismo, (2) terminar con al duplicación de funciones de la atención de la salud en el territorio nacional, y (3) “aislar la atención de la salud, de la política partidista y electoral”. El lenguaje fue amable pero firme, algunos políticos lo descalificaron y nosotros, médicos y salubristas, lo aplaudimos. Los Garantes entendimos nuestra responsabilidad como honorable, seria, puntual, documentada y objetiva.
Han transcurridos ya, 17 años, casi mayoría de edad, y resumo algunas de las 22 ideas develadas para que el Ejecutvio produjera un Proyecto de Ley, que reglamentara la atención de la salud, todavía pendiente:
Sugerimos la creación de la Autoridad Nacional de Salud (ANAS) que sería “una entidad pública y de interés sanitario, con autonomía administrativa y financiera, sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, que respetaría y observaría estrictamente la rectoría y directrices sanitarias del Ministerio de Salud, y, aceptaría la vigilancia de su provisión de atención, tanto por parte del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social”. Para entonces, el gobierno nacional dedicaba el 15.6% del presupuesto nacional y el 7.5% del Producto Interno Bruto, al renglón salud, cifras muy similares a las actuales, sin embargo, de muy pobre gestión y eficacia sobre la atención de la salud y la enfermedad. Un renglón como los otros, grueso por compromisos ajenos a los de la atención del enfermo. Los niveles de pobreza y de extrema pobreza se movían alrededor del 37.1% y 20.5% de la población, con lo que no era ni es difícil entender la relación de uno y otro.
Sugerimos entonces que la ANAS se gobernara a través de su director, dos asesorías (una técnica y otra legal) y dos auditorías (una social y la otra interna), con representación del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, trabajadores y patronos, profesionales de la salud, la sociedad civil y la Defensoría de la Salud Pública. Debo confesar que esta composición fue muy controversial por su franca politización. El Minsa continuaría “rigiendo, regulando, supervisando, validando y apoyando toda la política de salud del Estado” mientras que “la CSS se dedicaría al sistema de pensiones por invalidez, vejez y muerte, por riesgos profesionales y por viudez.”
El asunto más difícil como propuesta pero el más apropiado fue crear un período de transición para el financiamiento de la ANAS, antes de establecer su forma definitiva: “mientras llegue el momento para que el Estado asuma toda la responsabilidad financiera de la Autoridad, la contribución de éste al fondo de la ANAS se calculará per cápita, como el equivalente a los fondos que la CSS maneja actualmente para la atención de salud del Programa de Enfermedad y Maternidad, fondos que también pasarían a la administración financiera de la ANAS”. Se incluyeron en la Hoja de Ruta acciones específicas y habilitaciones, elementos necesarios para garantizar “la atención humanitaria y de excelencia científica a los usuarios” y la creación de un Observatorio de Excelencia y Calidad, que “articularía estos elementos bajo los estándares de la Medicina Basada en Evidencia y las Buenas Prácticas Clínicas”.
El documento hizo propio elevar a los más altos niveles de la bioética el manejo de la Autoridad de Medicamentos y Tecnología y con obligada rendición de cuentas, así como “el fortalecimiento del papel del Instituto Conmemorativo Gorgas en todos los aspectos de la investigación en salud pública, y del Comité Nacional de Bioética de la Investigación”. Y, para desmentir la divulgacióbn de imprecisiones y falsedades sobre el trabajo que se llevaba a cabo, auspiciada por añejas dirigencias de grupos gremialistas, fuimos enfáticos en señalar: “los Garantes no favorecemos ningún sistema sanitario integrado, donde se constituya una agencia privada para que reclame, acumule y administre los dineros destinados a la atención de la salud, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social”.
La Hoja de Ruta está en algún gabinete del Gabinete de Gobierno, en algún archivo o con un archivador, celosamente guardado, resistiendo los embates del desprecio y su desconocimiento, el incorrecto uso de su contenido y la danza del palabrerío perielectoral. Publicado por el diario La Prensa, de Panamá, el 5 de enero de 2024.
Pedro Ernesto Vargas
Médico pediatra y neonatólogo
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