Desde hace varios años he venido comentado que es un equívoco considerar que solo un médico puede saber cómo dirigir una institución de salud, llámese Ministerio o llámese Seguro Social. La reforma al sistema de salud de Panamá, debe comenzar por la acogida a este concepto. La oposición a tal opinión no es solo por falta de humildad. Un administrador en salud debe conocer sobre organización de servicios de salud, tener autoridad en gestión de proyectos y conflictos como tendría capacidad de análisis. En otras palabras, ser gerente de salud y experto en relaciones públicas, con conocimientos vastos en contabilidad y finanzas.

Cuando se mira el estado de la salud de una sociedad, los marcadores suelen ser expectativa de vida, mortalidad infantil, obesidad y homicidios. Para Panamá, en el año 2023 la expectativa de vida para el panameño fue de 78.6 años, la mortalidad infantil en el 2020, de 11.2/1000 nacidos vivos, inferior a 16.7 en el año 2000, aunque el porcentaje de nacimientos con peso bajo, por debajo de 2,500 gramos, fue de 8.6%, un incremento con respecto a 20 años antes, en 2000. En cuanto a la obesidad, el 72% de los adultos panameños estamos con sobrepeso, de los cuales, el 36%, ya tiene obesidad. Según el World Health Rankings, Panamá ocupa el lugar 25 en muertes causadas por violencia, con una tasa de 17.46 por cada 100,000 habitantes. La salud es asunto de comportamiento humano y no solo de ausencia de enfermedad.

Quizás es ya tiempo para que los marcadores del estado de salud y social sean: expectativa de vida, matemáticas y literalidad, mortalidad infantil, homicidios, tasas de encarcelamientos, embarazos precoces, nacimientos en adolescentes, nivel de confianza, percepción de la corrupción, obesidad y salud mental. Lo que parece cierto es que dejar en manos de la biología y la medicina los avances en los marcadores del estado de salud de los pueblos, los hará incurrir en onerosos gastos por la tecnología y los medicamentos mientras se ignoran los factores sociales y el comportamiento de las gentes, como ha señalado Robert Kaplan, investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Recordemos la toma de agua de los habitantes de Londres que hicieron los primeros números de los muertos durante “el Año de la Plaga”. La enfermedad como un evento social, cuando se desconocía el origen infeccioso de los gérmenes, o el Huanan Seafood Wholesale Market, el mercado de Wuhan, donde se adquirían vivos exóticos animales para exquisitos paladares. El comportamiento humano y la enfermedad a todo color.

La administración de instituciones de salud es más que medicina. La expectativa de vida no depende solamente del estado de salud y de enfermedad de una población. Factores sociales y del comportamiento de las poblaciones, entre ellos la famélica educación de sus gentes y la amplia pobreza que engendran la corrupción y la impunidad, observadas en sociedades con profundas desigualdades y políticas socio geográficas discriminadoras. En nuestro caso, estos problemas llegan hasta la administración de la salud y la higiene, con obvias disparidades en los resultados. Es necesario recordar que la desigualdad siempre precede el empobrecimiento de la salud.

Como disparidad en salud entendemos “las diferencias en la incidencia, prevalencia, mortalidad y los resultados de enfermedades y otras condiciones de salud adversas”. Nuevos medicamentos y tecnologías para el manejo de enfermedades particulares pueden aliviar “el lado oscuro” de ellas, pero su influencia en las cifras de expectativas de vida, no son uniformes, dependen de la salud de las economías de cada una de las naciones.

Los administradores de instituciones de salud tienen que honrar el principio de que el acceso y la provisión de los bienes de salud responden a la necesidad y la condición clínica de los pacientes, no tienen que reflejar las inequidades económicas y de clases de la sociedad, y deben actuar en un marco ético en lo organizativo y en lo funcional. Para reconocer y honrar esto no se necesita ser médico ni otro trabajador de la salud.

Asegurar ese acceso y provisión de los bienes de salud en solo la condición económica, la raza o la etnia de quien busca recuperar su salud es un despropósito, una injusticia que ignora la razón de una institución de salud y el desarrollo integral de la persona. En nuestro país me atrevo a apostar que la discriminación racial y étnica no tiene el mismo peso de responsabilidad en las injusticias sociales, en salud, que tienen en otros países, sino aspectos geográficos o socio geográficos. Sin embargo, no se pueden divorciar de la corrupción y la impunidad, la paupérrima educación que se ofrece, la clase política que escala o rapta hacia el poder para enriquecerse, abandonando las esperanzas y las aspiraciones de nuestras gentes. No hace falta plata, hacen faltan cárceles.

La Caja de Seguro Social es una empresa, como tal se la debe manejar. No es una oficina de empleo. No es la caja menuda de cuanto político la merodea y se la toma. Esta institución sagrada tiene programas que deben administrarse cada uno con expertos en administración de negocios o empresas de seguros, que conozcan el comportamiento del empleado y del empleador, tanto como los factores sociales que dan asiento a esos comportamientos. El “rector de la salud”, el Ministerio de Salud, debe dictar y regir la forma como se provean los servicios de salud en el país.

Ya está bueno tanta majadería de grupos enquistados en las instituciones de salud para malgastar bienes y burlar la justicia que se les debe a los ciudadanos, asegurados y no asegurados, en busca de salud o su preservación. Habrá que modificar leyes hechas a la medida de la incompetencia o para delinquir.  Publicado en el diario La Prensa de Panama, el viernes 14 de junio de 2024

Pedro Ernesto Vargas

El autor es médico pediatra.