Frente a falencias de los sistemas de salud, una crisis humanitaria por una emergencia sanitaria infecto contagiosa, como la pandemia por COVID-19, aflora serios dilemas bioéticos.  Uno de ellos es la vacunación. Los valores de la bioética son aplicables a las respuestas necesarias.

Los derechos humanos exigen que se honre la beneficencia. El deber colectivo tiene que hacerse valer, tanto para la comunidad internacional como para los gobiernos.  Los gobiernos tienen que asegurar la disponibilidad de vacunas, no solo de la vacuna contra COVID-19, sino de todas las vacunas de los programas de vacunación de cada país. No hay excusas para suspender tales programas porque se dedique todo el esfuerzo y los recursos humanos a la vacunación necesaria y urgente contra COVID-19.

A esta obligación ética se suma la otra, la de “rescatar” (la regla de rescate) a todo aquel que está en peligro de una muerte evitable, se haya o no se haya vacunado.  La previsión del acceso a las vacunas es algo que debió hacerse desde temprano en la crisis actual. El acaparamiento de vacunas por los países ricos no solo es inmoral sino detestable. Los pueblos ni los gobiernos se hacen dependientes de otros, cuando se procede a crear protección inmediata frente a riesgos serios de enfermedad y muerte. La asistencia no es caridad, es un compromiso ético con el hombre.

La otra obligación ética del valor de la beneficencia es la provisión de la más alta calidad de atención médica.  No hay espacios para una práctica basada en anécdotas, solo la ciencia asegura beneficios sin producir daños.  El rector de la salud tiene que ser vigilante de que se cumplen estándares de atención y cuidado basados en la evidencia probada y en los resultados que arroja el método científico.  Paralelo a ello, esa misma autoridad debe honrar y vigilar que se respeten y promuevan los derechos de los pacientes y de los ciudadanos, en todo momento y en todo lugar.

Al mismo tiempo que cada acción de gobierno se propone el beneficio de los ciudadanos, también procede a no hacer daño.  Este principio de la no maledicencia se extiende desde el uso de probadas vacunas, en cuanto eficacia y seguridad, hasta el aseguramiento de las mejores instalaciones de atención, equipos, insumos y medicamentos.  No hay lugar para privilegios, robos, transacciones comerciales amañadas, sobrecostos, obtención de equipos de pobre calidad y, mucho menos, de medicamentos nocivos y de ninguna utilidad probada para el manejo de la infección y la enfermedad COVID-19.

Divulgar mentiras y teorías de conspiración afectan los programas urgentes de vacunación y son parte significativa de la burla al principio de no maledicencia, que debe ser castigado de forma contundente y ejemplar.

La vacunación es un proceso probado en las ecuaciones de costo eficiencia.  La justicia distributiva debe ser cuidadosamente observada, particularmente donde los recursos económicos, financieros, institucionales, materiales y humanos son escasos. Una vez más, los privilegios por partidismo político son una bofetada a las necesidades de los más vulnerables.  La priorización de grupos para la vacunación es una necesidad frente a la escasez de vacunas y debe obedecer al sentido humanitario de proteger primero a los que primero enfermarían, a los que velan por la atención de la salud de los demás, y así sucesivamente, pero ante la disponibilidad de vacunas suficientes, la vacunación debe hacer por barrido y atendiendo los focos donde la infección tiene mayor incidencia.  Frente a la real amenaza de que tengamos la variedad Delta del virus SARS-CoV-2, la vacunación en barrido es un instrumento eficaz de protección de esos grupos que, en un momento dado, cedieron lugares a los más vulnerables.

Cuando los recursos de salud se distribuyen donde se maximiza el bien común, las comunidades comienzan a confiar en las autoridades de salud.  Ahora podemos reconocer ese hecho claro de que cuando los recursos son limitados y se distribuyen donde creemos que están las mayores necesidades o los más vulnerables, solo es cuestión de tiempo para que la pandemia nos cobre esa decisión.  Por ello, no se puede abusar de los escasos recursos y se debe apuntar a mejorar la disponibilidad de vacunas.

Y, finalmente, la justicia social exige la rendición de cuentas.  Las emergencias humanitarias facilitan el dejar rendijas sin cubrir por donde la corrupción desvía maliciosamente los escasos recursos de la sociedad.  En todo momento, todo funcionario debe demostrar que cumple con reglas de conducta establecidas y probada honradez en sus actos.

El respeto al principio de autonomía se honra de diferentes formas, una de ellas, con el consentimiento informado. De forma imprecisa se ha señalado que el país ha vacunado sin consentimiento informado.  Ocurre quizás un entendido ajeno.  No es lo mismo el consentimiento informado en situaciones regulares, donde el individuo debe ser “informado de tal forma que hasta el médico es sorprendido” en los tantos aspectos contenidos en la información, y otra cosa es informar en situaciones de emergencia aguda, como las actuales[1], donde tiene que modificarse el método para el consentimiento informado.  No es infrecuente que ante la urgencia de protección, el público se siente suficientemente informado con la información de las fuentes oficiales de la vacunación.

En el caso que vivimos con COVID-19, lo importante de informar y de forma breve y precisa, son los beneficios y los riesgos de la vacuna utilizada y la vacunación.  Sin embargo, cualquier información adicional que el ciudadano solicite sobre la vacuna y la vacunación se debe proveer sin demora.  También es cierto que en los diferentes medios de comunicación escritos, radiales o televisivos, hay información suficientemente buena para quienes acudan a vacunarse.   Cada nuevo evento que se sospecha esté relacionado con la vacuna se publica, aunque más tarde se pruebe casualidad y no causalidad, incidencia inferior a la producida por la enfermedad o, en efecto, uno adverso importante.  Incluso, en los lugares donde se vacuna se dispone de medios y personal para responder a una reacción adversa importante y se estimula que todo evento que se sospeche relacionado con la vacuna o la vacunación sea informado.

La vacunación debe ser voluntaria hasta que cumplidos una serie de requisitos (información y educación amplias, disponibilidad suficiente de vacunas, variabilidad de sitios de vacunación, facilitación de la vacunación) se está ante una crítica situación de salud y de atención.  Entonces, así como a ciertos grupos (personal de salud, p.ej) se nos hizo la vacunación mandatoria, habrá que extender ese mandadt para proteger a todos los ciudadanos.  25/7/2021

[1] Moodley K, Hardie K, Selgelid MJ et al: Ethical Considerations for Vaccination Programs in Acute Humanitarian Emergencies. En: Vaccinatino Ethics and Policy. An introduction with readings. Edited by: Jason L. Schwartz and Arthur L. Caplan. The MIT Press 2017